Opinión

  • | 2019/05/18 00:01

    No hay que transformar los activos de la Nación en gasto

    Como una fórmula para solucionar la estrechez fiscal el gobierno busca hacer una venta masiva de los activos de la Nación para financiar el gasto público.

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Convertir los activos que le quedan a la Nación en gasto público es la estrategia por la cual se está decantando el Gobierno con el fin de financiar el presupuesto, e incrementar la inversión para poder impulsar la economía, que como lo reveló el crecimiento del PIB en el primer trimestre permanece con una dinámica anémica de apenas el 2,8% frente a las cuentas del Gobierno de una expansión del 3,5%. El anémico crecimiento de los primeros meses es responsabilidad de la gestión del Ejecutivo con sus equivocadas decisiones económicas, las acciones que se sigan tomando van a determinar que la economía se encarrile o por el contrario vaya perdiendo más impulso.

Las decisiones tomadas con la ley de financiamiento, en lugar de financiar al Estado van a provocar un desfinanciamiento del presupuesto, basta decir que la reducción del impuesto a la renta para las empresas va a abrir un boquete del orden de $10 billones menos de recaudo equivalentes al 1% del PIB. Esa decisión de persistir en reducir los impuestos sin una fuente que reemplace esos ingresos ocasionará que se deba tramitar otra reforma tributaria por tarde en 2020, con la consabida inestabilidad económica que eso ocasiona, más los perjuicios en la confianza del consumidor cuyo gasto responde por el 60% del crecimiento, y que como se comprobó con los anuncios del IVA a la canasta familiar afectan enormemente la disponibilidad de los hogares para consumir o invertir.

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Mientras las decisiones económicas no han sido acertadas, y los resultados de la ley de financiamiento empiezan a revelarse insatisfactorios, el Gobierno empieza a buscar debajo de las piedras ingresos extraordinarios para financiar gasto y por esa vía tratar de impulsar la económica. Sin embargo, es otro error pretender financiar gasto recurrente con ingresos extraordinarios por la venta de activos estratégicos de la Nación, como la participación accionaria en ISA, la propiedad de Ecopetrol y su filial Cenit que es la más importante, o las eléctricas regionales que quedan etc.

El Gobierno no puede justificarse en la estrechez fiscal para hacer una venta masiva de los activos que le quedan a la Nación, excusándose en que empleara esos recursos para invertir en infraestructura, de acuerdo a las solicitudes constantes de la Cámara Colombiana de la Infraestructura y Fasecolda. Hay varias razones para argumentar la inconveniencia de esas ventas.

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La primera, el país no tiene un portafolio adecuado de proyectos de infraestructura que estén listos para entrar en etapa de construcción, con gestión predial finalizada y licencias ambientales aprobadas, por eso la banca local dejó de exponerse al riesgo de crédito de la infraestructura. Segunda, si el Estado vende sus activos para convertirse en único financiador de la infraestructura va a terminar reemplazando las funciones del sector privado en la economía, por un lado, desplazando al sector financiero del financiamiento, y por el otro encontrando que le va mejor siendo el mismo constructor de las obras, algo que terminará liquidando las iniciativas por APP y llevando a la ANI al pasado, más cerca de lo que fue el INCO.

Tercera, no hay ninguna garantía de que esos recursos no se conviertan en gasto público y se diluyan sin ningún beneficio para el país. Cuarta, el proceso de venta de cualquier activo es un trámite de largo plazo, la venta de Isagén por ejemplo, le tomó a la administración Santos cuatro años, e implica emplear capital político. Quinta, el Estado perdería las rentas por dividendos que le dan sus empresas, Ecopetrol le transfirió este año $8,2 billones al país que ciertamente significaron un bono para las finanzas públicas.

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El Gobierno debe animar al sector privado a que juegue su papel en los negocios de infraestructura y explote la oportunidad que existe, por supuesto eso implica que el sector fortalezca su patrimonio para comprometer capital en la construcción, también asegurar un marco normativo e instrumentos para que el sector financiero encuentre en la infraestructura un activo de inversión atractivo. La solución no es la venta masiva de activos estatales para reemplazar al sector privado, sin solucionar los fallos de mercado que existen.

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