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| 4/5/2019 10:10:00 AM

Supertransporte revisará más de $171.000 millones en multas a vigilados de forma irregular

La decisión de la Superintendencia de Transporte se tomó tras elevar una consulta al Consejo de Estado sobre la normatividad aplicada por la entidad desde 2016 en su régimen sancionatorio.

La Superintendencia de Transporte examinará más de 60.000 expedientes en materia de transporte terrestre que podrían ser archivados o revocados por ser violatorios del debido proceso. Igualmente, se levantarán los embargos de los casos afectados por esa situación de inconstitucionalidad.

De esta manera, serían objeto de revisión las multas impuestas a transportadores de carga y de pasajeros, incluidos los escolares, intermunicipales, y mixto de todo el país, por conductas como mantenimiento preventivo de los vehículos, capacitaciones a conductores y operadores, jornadas de trabajo de conductores y operadores, condiciones técnico mecánicas de los vehículos, exceder la capacidad transportadora autorizada, transportar carga con sobrepeso, entre otros.

Y es que el Consejo de Estado determinó que la aplicación de sanciones, al amparo de normas que fueron declaradas nulas, tiene vicios de inconstitucionalidad y de ilegalidad, implica desconocimiento de la Ley y de una decisión judicial previa del Consejo de Estado, y abre las puertas para maniobras fraudulentas de la “administración en detrimento de los derechos de los ciudadanos”.

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El Gobierno Nacional hace un llamado urgente a los vigilados para que no acudan a tramitadores. El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, conscientes de la necesidad de que el sector transporte se rija por el principio de legalidad, han trabajado conjuntamente en los últimos meses en revisar de manera exhaustiva las actuaciones sancionatorias adelantadas contra los vigilados.

En dicha revisión se encontró que una serie de normas que habían sido declaradas nulas desde 2016, y que seguían siendo utilizadas por la entidad como norma sancionatoria para miles de casos en la Superintendencia de Transporte.

Por esta razón, el pasado 23 de octubre de 2018, la entidad solicitó un concepto al Consejo de Estado (Sala de Consulta y Servicio Civil) respecto de la aplicación de sanciones al amparo de normas anuladas, particularmente las que corresponden al Decreto 3366 de 2003.

Para la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez, esta decisión se tomó con el objetivo principal de proteger a los vigilados, ya que se debe garantizar la transparencia y la legalidad en todos los procesos en el sector: “Acudimos al Consejo de Estado para poder actuar con total contundencia frente a hechos irregulares que afectan el emprendimiento y la legalidad”, explicó Orozco.

En marzo de 2019, el Consejo de Estado señaló que la nulidad declarada por el mismo Alto Tribunal (Sección Primera) en 2016, generó que las sanciones previstas en el Decreto 3366 de 2003 desaparecieran. Así mismo, resaltó en su concepto que la resolución 10800 de 2003, que codificaba las conductas del Decreto 3366 de 2003, había perdido su fuerza ejecutoria y por ello no podría ser aplicada contra los ciudadanos.

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“Además de violar el principio de legalidad, pretender reconocer efectos a la Resolución 10800 para deducir de ella infracciones administrativas que materialmente son idénticas a las del decreto 3366, haría nugatoria la decisión judicial adoptada por la sección primera del Consejo de Estado y abriría las puertas a maniobras fraudulentas de la Administración, en detrimento de los derechos de los ciudadanos.”

En ese sentido, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, conscientes de la necesidad de restablecer la legalidad que se perdió por muchos años en este sector, procederán a revisar aproximadamente 60.000 expedientes, que representan más de $171.000 millones en multas a los ciudadanos.

En ese sentido, la Superintendencia de Transporte está conformando grupos especiales para realizar la revisión de esos expedientes afectados, incluyendo las investigaciones en curso, los casos que se encuentran en cobro coactivo y la atención de acciones judiciales iniciadas contra la Entidad.

Para la Superintendente de Transporte, Carmen Ligia Valderrama Rojas, es importante resaltar que esta decisión se tomó con el firme propósito de garantizar transparencia y legalidad en el sector transporte: “Queremos enviar un mensaje de calma a los vigilados que fueron afectados con la imposición de estas multas inconstitucionales; estamos demostrando que trabajamos con rigurosidad y siempre con miras al fortalecimiento del sector transporte, del emprendimiento y de la protección a los empresarios que cumplen la ley”, enfatizó la Superintendente.

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El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte reiteran el llamado a los vigilados y a los ciudadanos para que no utilicen tramitadores en el proceso de solicitud de devolución de sus dineros, pues el Gobierno Nacional es el único garante en este procedimiento.

EDICIÓN 562

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