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| 9/13/2019 10:04:00 AM

Empresas también fueron víctimas del conflicto

El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga presentó el pasado 10 de septiembre, su libro sobre las empresas como víctimas del conflicto armado.

El Acuerdo de Paz firmado con la guerrilla de las Farc tiene como pilar principal el reconocimiento, reparación y promesa de no repetición a las víctimas del conflicto armado colombiano. Por ello, con su implementación y la creación de la Justicia Especial para la Paz y el Centro Nacional de Memoria Histórica, siempre se ha tenido como eje central la construcción colectiva de verdad en el postconflicto. 

Sin embargo, durante las negociaciones en La Habana, nunca se planteó la posibilidad de que las personas jurídicas fueran también susceptibles de ser calificadas como víctimas de más de 60 años de guerra. Por esta razón, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga ICP, lanzó en el marco del Proyecto Visión 2022, un policy paper llamado Las Empresas en el Posacuerdo. 

El texto escrito por la abogada María José Viana, busca defender esta tesis, en donde pide que las empresas, agrupaciones gremiales y emprendimientos sean reconocidas como víctimas del conflicto, en tanto fueron objetivo de acciones terroristas. Entre ellas, mencionan las llamadas “vacunas” o extorsiones, que día a día enfrentaron cientos de empresas, grandes y medianas, en el país. Además de los asesinatos, secuestros, amenazas, saboteos y destrucción física de establecimientos de comercio de los que fueron testigos. 

Reconoce, así mismo, el especial detrimento económico de las regiones con mayor presencia guerrillera, paramilitar y de narcotráfico, las cuales han vivido la peor afectación del tejido social y económico. Se trata de un perjuicio incuantificable, que hoy se traduce en zonas sin presencia de un Estado social de derecho. 

Lo anterior de cara al postconflicto, como un escenario que requiere un inmenso apoyo del sector privado para su implementación. “No puede existir un post-acuerdo en el que se cumplan los fines de la justicia transicional sin una reconstrucción de la economía afectada por el conflicto armado”, sostiene Viana. En especial, teniendo en cuenta que según el Ministerio de Hacienda sólo 36% de los recursos necesarios para la implementación del Acuerdo, saldrá del Presupuesto General de la Nación y otro tanto del Sistema General de Participaciones y Regalías. 

Sumado además a la importancia del rol del sector privado en el proceso de reinserción de excombatientes, como generadores de empleo y de crecimiento económico. “Más del 70% de los empleos provienen de pequeñas y medianas empresas. La contribución de las empresas privadas mediante sus inversiones y su funcionamiento comercial cumple un papel fundamental en la construcción de la paz y la recuperación de las economías en tiempos de postconflicto”, afirma Viana. El sector público y privado deben trabajar de manera conjunta generando bienestar en todo el país.

El ICP apuesta entonces por este reconocimiento, sosteniendo que las empresas no han tenido oportunidad de denunciar o esclarecer la verdad sobre los hechos violentos de los que fueron objeto. Sobre todo, entendiendo que detrás de toda compañía, hay un conjunto de personas y familias que fueron profundamente afectadas. Para el ICP, “Desconocer a las víctimas lleva a su revictimización y no permite que se avance en un proceso de transición democrático e incluyente para superar la violencia, construir paz, ni que se garantice la verdad, justicia, reparación y no repetición a la que tenemos derecho todos los colombianos -incluidas las empresas- que nos hemos visto afectados por la violencia”.

En esta medida, el ICP aboga porque se facilite la participación integral de las empresas en todos los mecanismos de justicia transicional para la construcción de una paz verdadera. Haciendo énfasis además, en la importancia de reconocer el rol de las empresas como protectoras del medio ambiente, generadoras de tejido social, apoyo a las instituciones estatales y motor de la economía nacional.

Lo anterior, apoyado además en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Constitucional y tratados internacionales de derechos humanos a los que Colombia se ha adscrito. Para el ICP es sustancial dar este importante paso, reconociendo a los sectores de la economía más afectados por el conflicto, como es el minero energético, petrolero y de telecomunicaciones e infraestructura. Son víctimas bajo esta mirada, todos las empresas del país que durante varias décadas, soportaron la dificultad de crecer y operar en un contexto violento.

EDICIÓN 562

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